Este resumen ejecutivo ha sido recopilado con la información incluida en el Índice Out of the Shadows y el Panorama de País de ECPAT para Perú escrito en colaboración con el miembro local CHS Alternativo.
El Índice Out of the Shadows, desarrollado por la Economist Intelligence Unit, mide cómo las naciones están abordando el abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Los datos publicados por los primeros 60 países muestran lo que gobiernos, el sector privado y la sociedad civil tienen que hacer para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual y cumplir con los compromisos que hicieron para llegar a la puntuación de 16-2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
El Índice fue calculado para valorar la legislación, políticas y respuestas de los gobiernos nacionales. Cubre temas sensibles que incluyen el abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como educación, salud reproductiva, ayuda a la víctima, aplicación de la ley y riesgos del entorno virtual. El Índice también comprende factores medioambientales como la seguridad y estabilidad de un país, protecciones sociales, y si las normas permiten un discurso abierto del asunto. También se enfoca en el compromiso de los negocios de los sectores de tecnología, viaje y turismo en la lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Los Panoramas de País de ECPAT presentan integralmente toda la información existente disponible públicamente y un análisis detallado del marco legal para la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en un país. Proveen una valoración de los logros y retos en la implementación, acciones actuales y recomiendan acciones concretas prioritarias para prevenir y responder a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
El abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) se refiere a actividades sexuales cometidas contra NNA por adultos o pares y normalmente involucran un individuo o grupo de individuos que abusa de un desequilibrio de poder. Comprende el uso de fuerza, con los agresores empleando frecuentemente autoridad, poder, manipulación o decepción.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes representa las mismas acciones abusivas. Sin embargo, un elemento adicional a tener en cuenta es – el intercambio (p.ej., dinero, alojamiento, bienes materiales, elementos inmateriales como protección o una relación), así como la mera promesa de la misma. La situación de explotación puede ocurrir completamente en línea o mediante una combinación de interacciones en línea y en persona entre delincuentes y NNA.
Perú ocupa el puesto número 12 de los 60 países calificados en el Índice Out of the Shadows sobre la respuesta del país a la explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA), con una puntuación de 63,5. Esta calificación le posiciona entre otros dos países latinoamericanos, Colombia (63,5) y Brasil (62,9).
El puesto de Perú en el Índice puede ser explicado por su marco legal y político fuerte respecto a la explotación sexual hacia NNA.
Sin embargo, la acción para prevenir y responder a la explotación sexual de NNA en Perú aún encuentra áreas que mejorar. Por ejemplo, los marcos legales sobre el matrimonio infantil y la explotación sexual de NNA en el espacio digital son incompletos. En la práctica, la coordinación ineficiente con las autoridades impide la implementación de políticas existentes, principalmente porque los recursos actuales establecidos para luchar contra la explotación sexual de NNA varían por región y municipio. Además, a medida que los datos son recopilados y publicados, su detalle o clasificación es limitado y no permite un análisis específico en cuanto a la explotación sexual de NNA. Del mismo modo, hacen falta el debido acceso a la justicia y los servicios legales adaptados a todos los NNA, incluyendo a grupos difícilmente alcanzables como los NNA indígenas y los que son objeto de tráfico por motivos sexuales.
Perú ha sido testigo de una inestabilidad política en los últimos años – con cinco presidentes en funciones desde 2016. Varios factores socioeconómicos juegan un papel clave en el contexto de la explotación sexual de NNA en Perú: la pobreza, el abandono escolar, la desigualdad de género, los que convergen con disparidades geográficas afectando de manera desproporcionada a las minorías étnicas. Obviamente, las dificultades económicas son causa mayor en la vulnerabilidad de los NNA engañados por abusadores que los atraen a través de ofertas de empleo falsas, especialmente en línea, para después obligarlos a entrar en el mercado de la explotación sexual. Para septiembre de 2021, Perú tenía una de las tasas de muerte por pandemia de COVID-19 más altas del mundo por habitante. Un estudio académico de 2021 descubrió que 136.572 NNA perdieron un cuidador primario o secundario en Perú debido al COVID-19, aumentando su vulnerabilidad a la explotación sexual potencialmente entretejida con dificultades económicas.
El país solo ha recibido una calificación de 35/100 para el indicador del Índice que mide como las percepciones sociales de violencia pueden influir en actitudes de la comunidad hacia la explotación y abuso sexual de NNA. La Encuesta Nacional de 2019 sobre las Relaciones Sociales encontró que el 58,5% de los peruanos percibieron como socialmente aceptable la violencia contra NNA y el 21,5% consideraron que era mejor no intervenir en el caso del abuso sexual de NNA.
Perú acoge a 55 grupos indígenas que viven en el Amazonas y las Andinas. Los NNA de estas comunidades son más vulnerables a la explotación sexual debido a una gran variedad de factores de riesgo incluyendo a la pobreza, las barreras para acceder a la educación y el aislamiento de los servicios básicos. Las niñas indígenas en zonas rurales informaron enfrentar altos riesgos de tráfico por motivos sexuales y explotación sexual a través de la prostitución, cerca de emplazamientos mineros ilegales. Además, las investigaciones indican que 40% de mujeres indígenas del Amazonas de entre 15 y 49 años de edad estaban casadas o cohabitando antes de los 18 años, según el último censo oficial de 2017. El matrimonio infantil en Perú está correlacionado con los embarazos precoces, así como prácticas tradicionales tales como el “Servinacuy”; una costumbre de algunas poblaciones rurales con raíces incas en las que el hombre ofrece regalos a la familia de la niña a cambio de vivir con ella antes del matrimonio.
En 2021, el Centro para la Cultura Indígena enfatizó que las niñas indígenas víctimas de violencia sexual se enfrentaban a dificultades para denunciar y buscar ayuda, afirmando que el sistema judicial está mal estructurado para interactuar con estas comunidades, mientras los costes financieros, la distancia de viaje y la poca confianza en los funcionarios públicos desanimaban a las poblaciones indígenas a denunciar los crímenes. Mientras, el informe mencionado enfrentó la violencia sexual en general, es probable que estas barreras existan respecto a la denuncia de la explotación sexual de NNA por las comunidades indígenas.
Perú es un país de captación, tránsito y destino para la trata de NNA con fines sexuales. En 2020, al menos 245 casos entre el total de 394 casos de trata de personas denunciadas a la Policía Nacional del Perú estaban relacionados con la explotación sexual. De estos 394 casos, 140 involucran a niñas con menos de 18 años de edad, y 26 compilan a niños menores de 18 años de edad. Sin embargo, tales datos sólo comprenden la cantidad de casos efectivamente notificados y es una fracción de las estimaciones en cuanto a personas en riesgo de trata de personas con fines sexuales en Perú.
En 2021 las organizaciones no gubernamentales han comunicado que jóvenes, incluidos niños y en su gran mayoría niñas, son traficadas en zonas mineras por explotación sexual. A menudos ellos son engañados con ofertas de empleo ficticias y posteriormente obligadas a prostituirse en prostíbulos y bares. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como en los reportajes de los medios de comunicación, los NNA con varias orientaciones sexuales e identidad de género son también vulnerables a la trata, siendo una problemática la falta de acceso a la documentación exacta para niñas transgéneras.
Desde 2015, una crisis humanitaria ha obligado a 5,4 millones de venezolanos a dejar su país, y Perú acoge a la segunda proporción más grande de venezolanos migrantes después de Colombia. Los menores venezolanos suelen llegar a Perú irregularmente, no acompañados o sin documentación, los cuales son presas fáciles para los traficantes. En la búsqueda de una forma de sobrevivir, las niñas venezolanas están en riesgo de ser objeto de trata con fines sexuales.
Perú ha mostrado un compromiso fuerte con modificar y promulgar leyes diseñadas para proteger a NNA de la explotación sexual. En particular, tiene establecido normativa legal para proteger a los NNA de ser explotados a través de la trata de menores. Perú ha ratificado todos los convenios internacionales en la lucha contra la explotación sexual de NNA y forma parte de un conjunto de marcos legales internacionales y regionales. A través de la membresía del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes son activos en los derechos de los NNA, incluyendo este asunto. Sin embargo, limitaciones aún existen en la legislación, por ejemplo, ambas las normas tanto que protegen a los menores del matrimonio infantil y de la explotación sexual en línea tienen deficiencias, como se expone más adelante.
El matrimonio infantil, precoz y forzado puede ser considerado como un problema persistente en Perú, con datos del 2020 que muestran un 14,1% de las mujeres de entre 20 y 24 años se casaron o vivían con su pareja antes de cumplir los 18 años de edad. A pesar de esto, cambios en el Código Civil de 2018 proveen una exención a través de la cual adolescentes mayores de 14 años pueden casarse. La puntuación de 0/100 para el indicador del Índice sobre exenciones de la edad legal de matrimonio refuerza la necesidad en este aspecto. Sin embargo, la propuesta de ley del 2020 se entregó con la intención de “erradicar matrimonios de adolescentes”, buscando revertir la modificación de la ley que establece la edad mínima entre 14 y 16 años.
También falta legislación penal que prohíba conscientemente casar a un menor, inducir o forzar a este a casarse.
Los datos de 2020 muestran que el 69,8% de los niños y niñas con edades de entre 6 y 11 años usaron Internet, mientras que la franja de edad correspondiente a 12 y 18 años fueron 85,7% para NNA.
A pesar de que el acceso a Internet es cada vez más alto por parte de NNA en Perú, ciertas investigaciones indican que estos pueden ser vulnerables a crímenes relacionados con el abuso sexual infantil y el reclutamiento en línea, existiendo aún vacíos en la legislación. Un ejemplo es que, aunque el material de abuso sexual de NNA esté bien definido por la ley, si el acceso a este se obtiene de forma consciente, el hecho en sí no está penalizado por ley. Además, no existe una provisión que prohíba específicamente lo streaming en vivo de abuso sexual. No hay legislación peruana que obliguen a los proveedores de servicios de Internet a bloquear, filtrar o quitar materiales de abuso sexual de NNA de sus servidores. Sin embargo, un proyecto de ley que exija tales obligaciones se entregó en 2020, sin haber sido aprobada, debido a la oposición por parte del COMEX, una asociación empresarial formada por empresas de varios sectores en Perú, incluyendo el sector informático. Una puntuación del Índice de 0/100 para dicho indicador respecto a la protección en el ámbito del Internet es una prueba clara de estas deficiencias legales y sociales.
En Perú, varios mecanismos y políticas institucionales abordan la explotación sexual de NNA, en particular el Plan de Acción Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes (2012-2021) y el Plan de Acción Nacional Contra la Trata de Personas (2017-2021), que fueron renovadas hasta 2030 mediante la adopción de dos nuevas políticas en junio y julio de 2021. Sin embargo, la implementación de planes anteriores, a pesar de estar bien establecidos, tuvieron dificultades a la práctica por las indicaciones limitadas y la coordinación entre agencias; así como por los datos públicos recopilados, careciendo de detalles y un desglose práctico.
Para monitorizar el Plan de Acción Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes, una comisión multisectorial permanente con miembros de los ministerios y entidades públicas fue establecida para informar anualmente sobre las acciones tomadas para implementar dicho plan, incluyendo el combatir la explotación sexual de NNA. A pesar de la muestra de voluntad política para abordar la explotación sexual de menores, el Comité de los Derechos del Niño apuntó en 2016 que en ese mismo año los recursos que fueron destinados a este plan nacional de acción política no dejaron claro cómo las autoridades nacionales y regionales cooperaron en la práctica. De nuestras fuentes primarias de recojo de información, mediante entrevistadas, obtuvimos la información de que los ministerios raramente coordinan en lo que se refiere a la explotación sexual de NNA.
Además, bajo la ley, los gobiernos regionales deben adoptar planes de acción regionales para prevenir la trata de personas y ayudar a los individuos que se han enfrentado a la misma, asegurando el desarrollo de refugios y el acceso a atención sanitaria y servicios sociales. Por otro lado, los datos de 2018 a 2019, muestran que el 76% de las autoridades regionales no habían destinado ningún presupuesto específico para luchar contra la trata de personas. Las organizaciones no gubernamentales también encontraron que, durante el mismo periodo, no todas las autoridades regionales y locales denunciaron todos los casos de trata de personas detectados en su región a la Fiscalía. El mismo problema fue identificado en relación con la explotación sexual de NNA en establecimientos dedicados a la prostitución.
La respuesta de Perú a la explotación sexual de NNA está debilitada por los vacíos en la recopilación y clasificación de datos públicos, en particular todas las formas de explotación sexual de NNA, incluyendo en línea. Los datos sobre la trata de personas se publican regularmente por parte del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, pero al desagregar los datos no es posible ver cuáles son los casos que involucran a la trata de menores por motivos sexuales. Además, los datos recopilados cada año para monitorizar el Plan de Acción Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes son parciales y solo cubren algunos aspectos de la explotación sexual de NNA, como datos sobre casos investigados en cuanto a material de abuso sexual a menores o casos reportados de explotación sexual infantil en el ámbito de la prostitución.
Estos datos recopilados a través de los casos atendidos mediante el servicio de llamadas telefónicas para la violencia doméstica y sexual gestionada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (línea 100) muestran que, desde enero hasta junio de 2021, 31.198 llamadas involucraron a un menor y 6.081 llamadas estaban relacionadas con delitos sexuales. Lamentablemente, no es posible especificar cuántas están relacionadas con delitos sexuales contra NNA. Perú recibió una puntuación de 23/100 para el indicador del Índice relacionado con la recopilación de datos.
La recopilación de datos consistentes, desagregados y categorizados sobre la explotación sexual de NNA ayudaría a valorar la gravedad de estos crímenes y el acceso de los menores a la justicia y servicios existentes, tanto como designar políticas tratando las necesidades reales de esos menores.
La introducción del Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en el Ámbito del Turismo para Prestadores de Servicios Turísticos en 2018 es un ejemplo destacado de acciones contundentes para comprometer a la industria en la lucha contra la explotación sexual de NNA. Desde 2020, 8.710 establecimientos de turismo peruanos han firmado este Código de Conducta y están obligados a reportar anualmente sobre su colaboración con ello.lix En contraste, el compromiso de la industria de los medios recibió una puntuación de 0/100 del indicador relacionado con el Índice, dado que actualmente no existen directrices para que los medios y periodistas notifiquen sobre crímenes relacionados con la explotación sexual de NNA.
Las organizaciones de la sociedad cívica en Perú participan activamente en la lucha contra la explotación sexual de NNA existiendo múltiples ejemplos de la buena praxis. Por ejemplo, en junio de 2021, CHS Alternativo lanzó la campaña “Navego Tranqui” enfocada a la prevención de la explotación sexual en línea que alcanzó entre 16.000 y 24.000 personas antes de llegar a septiembre de 2021. No todos los adultos o niños están en línea, ya que materiales como pósteres y carteles en espacios públicos estratégicos y el transporte público, también difundieron los mensajes sobre la explotación sexual de NNA en línea y la forma de denunciarlo. El proyecto también recopila datos relevantes sobre el problema.l Además, en mayo de 2021 el Ministerio de Mujeres y Poblaciones Vulnerables cooperó con varias organizaciones no gubernamentales en el proyecto “Conéctate sin Riesgo” que tenía como objetivo crear conciencia sobre los crímenes en línea, la extorsión sexual y el reclutamiento en línea.
En segundo lugar, las organizaciones no gubernamentales están implicando a NNA en programas relacionados con la explotación sexual. El gobierno comparta una parte de responsabilidad en cuanto a este esfuerzo, un sentimiento compartido por el Comité de los Derechos del Niño en sus conclusiones sobre Perú en 2016. Por último, el gobierno debería interactuar en mayor grado con las organizaciones e implementar una consciencia basada en la comunidad para promover iniciativas dentro de las comunidades indígenas y rurales, en particular una educación comprehensiva sobre la sexualidad enfocada en el género y enraizada culturalmente para prevenir la violencia sexual.
